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Sentencia del 16 de julio de 2020 del TJUE: ¿Qué supone?

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Europa vuelve a contradecir al Tribunal Supremo español. El pasado jueves 16 de julio, conocíamos la nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a la banca a devolver los gastos hipotecarios abusivos. Según los analistas, la sentencia permitiría la restitución de entre 700 y 2500 euros a cerca de 8 millones de clientes.

Pero, ¿qué supone esto para los consumidores? ¿Qué gastos se pueden reclamar exactamente?

Con la introducción en junio del año pasado de la Ley de Crédito Inmobiliario 5/2019, los consumidores se encontraban con la promesa de unas operaciones hipotecarias más seguras y transparentes; un año después, con esta nueva sentencia se consigue dar otro paso a favor de los derechos de los consumidores.

En la sentencia son muchos los puntos a tratar, ésta no sólo corrige al Tribunal Supremo español en materia de gastos de hipoteca, sino que también entra en otras cuestiones como la prescripción, la comisión de apertura o las costas procesales.

Según el TJUE, si se declara como nula una cláusula abusiva que hace que el cliente tenga que hacer frente al pago de todos los gastos de constitución y cancelación de una hipoteca, el Derecho comunitario se opone a que el juez nacional niegue a dicho cliente la devolución del importe pagado en virtud de esa cláusula, siempre que las disposiciones de Derecho nacional aplicables no impongan al consumidor el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos.

Se parte de dos preguntas prejudiciales: las del Juzgado de Primera Instancia n.º 17 de Palma de Mallorca y del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 6 de Ceuta en dos casos de hipotecas firmadas con CaixaBank y con BBVA.

¿Qué gastos se pueden reclamar?

El TJUE cuestiona la comisión de apertura, recordando que debe entenderse que las cláusulas contractuales incluidas como “objeto principal del contrato”, son las que regulan las prestaciones esenciales de ese contrato y que, por tanto, lo caracterizan. Por el contrario, las cláusulas de carácter accesorio no están incluidas en dicho concepto. Señala que “el hecho de que una comisión de apertura esté incluida en el coste total de un préstamo hipotecario no implica que sea una prestación esencial de este“. Esta comisión de apertura suele rondar entre el 0,5 y el 3%, más intereses.

El juez nacional será quien, en cada caso, analice la posibilidad de abusividad, basándose en criterios de claridad a la hora de informar convenientemente al cliente sobre su existencia. Además, “el banco tendrá que acreditar que informó de manera transparente sobre la comisión de apertura y que corresponde a un servicio efectivamente prestado y no a un porcentaje de la hipoteca”, ha señalado la presidenta la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez.

Por otro lado, están los gastos de constitución y cancelación de una hipoteca, entre los que encontramos los gastos de notaría, los gastos de registro, de gestoría y de tasación, además del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), el cual, tras el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, es pagado por las entidades bancarias. (Cabe recordar que aquellos consumidores que ya hayan pagado este impuesto no pueden reclamarlo). La devolución de estos gastos incluidos en una cláusula abusiva, como comentábamos antes, solo se puede negar si así lo estipula previamente la legislación nacional, por lo que nos encontramos ante la primera duda; entonces, si un juez establece como abusiva una cláusula, ¿sí que se devolverán los gastos al cliente? ¿O, por el contrario, avalando la legislación nacional, sólo se podrá reclamar la mitad de los gastos (incluido el AJD), como dictamina el Tribunal Supremo?

¿Qué ocurre con las costas procesales?

Muchos consumidores, por el miedo a tener que cargar con las costas del proceso judicial, no ha recurrido en muchos casos. La buena noticia es que esta sentencia dictamina que, si una cláusula se da por nula por considerarse abusiva, dando así la razón al consumidor, será la entidad bancaria la responsable de hacerse cargo de las costas judiciales.

No es la primera vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea corrige al Tribunal Supremo español. Cabe destacar el trabajo en defensa de los derechos de los consumidores.

Puedes revisar la sentencia completa aquí

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